Blindaje
A fines del año 2000 se cumplía el primer año de gobierno de la Alianza y la crisis económica se profundizaba. El país estaba en virtual cesación de pagos, con el mercado voluntario de crédito internacional cerrado y con el mercado local abierto a tasas elevadas. El 18 de diciembre de 2000, el presidente Fernando de la Rúa anuncia un acuerdo con el FMI para garantizar un “blindaje” financiero por 38.000 millones de dólares que sería aportado entre el FMI, el BID, el gobierno de España más un grupo de bancos privados, tanto locales como extranjeros, y las AFJP. El préstamo estaría destinado únicamente a pagar servicios de la deuda. A cambio, el gobierno argentino se comprometía a realizar importantes ajustes fiscales: reforma previsional, con la eliminación de la prestación básica universal y el aumento de la edad jubilatoria de las mujeres; racionalización de la administración pública y reducción del gasto público; desregulación de las obras sociales; y firma de un compromiso federal en el que las provincias se comprometían a realizar ajustes similares. Finalmente, en enero de 2001 el FMI aprobó la carta compromiso del “blindaje”, que llegó a 40.000 millones de dólares, que serían escalonados según el cumplimiento de las metas fiscales acordadas. Pero en marzo, sólo dos meses después, comienza a hacerse evidente que el gobierno no podrá cumplir con los compromisos, con lo que peligraban los futuros desembolsos del “blindaje”: los rumores del default comenzaron a circular y, con ellos, se disparó la salida de depósitos, que en marzo significó una fuga de divisas por 5.543 millones de dólares. El ministro de Economía, José Luis Machinea, renuncia a su cargo y es designado en su reemplazo Ricardo López Murphy, quien hasta el momento era ministro de Defensa. López Murphy será expulsado del gobierno sólo dos semanas después debido a la masiva reacción popular en contra del ajuste de 2.000 millones de pesos que incluía quitas para salud y educación. Ante esta situación, el presidente De la Rúa decide colocar nuevamente al frente de la economía al autor del plan de convertibilidad, Domingo Felipe Cavallo, quien como primera medida envía al Congreso una ley para introducir importantes cambios en el esquema económico y obtener delegaciones del poder legislativo para futuras medidas. El 24 de marzo de 2001 sería aprobada la ley 25.413, conocida como Ley de Competitividad, que creó un impuesto a las transacciones realizadas por cuenta corriente, además de obligar a que las compras superiores a 1.000 pesos se realicen mediante cheque o tarjeta de débito, y dictaminar el blanqueo de las cuentas cerradas. La delegación de facultades fue aprobada unos días después a través de la ley 25.414: el Congreso de la Nación delegaba durante un año poderes especiales al ministro de Economía para subir algunas tasas impositivas, cobrar impuestos a la renta financiera, eliminar exenciones impositivas, bajar impuestos, cerrar organismos, modificar la ley de ministerios, cambiar leyes, aumentar peajes, fusionar organismos, transformar entidades públicas, desregular el mercado de capitales y flexibilizar a los empleados de organismos y entes descentralizados. En los poderes delegados se exceptuó la posibilidad de realizar privatizaciones, aumentar impuestos, bajar salarios, promover una nueva reforma laboral y previsional, garantizar el pago de la deuda con bienes públicos o modificar la convertibilidad. En el mes de mayo, utilizando los “superpoderes”, Cavallo anuncia un importante ajuste tributario: aumento de la tasa del impuesto a las transacciones bancarias, eliminación de la exención del IVA a los alquileres de inmuebles para uso comercial, a las entradas de espectáculos y eventos culturales y al precio de tapa de publicaciones periodísticas, y elevación de la tasa a la TV por cable, del 13 al 21 por ciento. Dicho ajuste permitió lograr un acuerdo con el FMI para poder continuar con el blindaje a pesar de no haberse cumplido las metas fiscales para el primer trimestre de 2001.